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  • 30.03.2017 La industria del abuso en el desarrollo de fraccionamientos
    El abogado Pablo Parra aborda el viacrucis que sufren los clientes de los nuevos fraccionamientos en Puebla. La buena noticia es que esos abusos tienen solución.   La industria del abuso en el desarrollo de fraccionamientos     A pesar de que la ley protege a quienes con mucho esfuerzo adquieren su vivienda en los desarrollos que crecen constantemente en nuestro estado, es un hecho que los abusos continúan a la orden del día por el ilegal (y evidentemente, muy lucrativo) pacto que se da entre las empresas, los ayuntamientos y, en el caso que hoy nos ocupa, los organismos operadores del agua potable.   Amparados en costosas campañas publicitarias, grupos inmobiliarios de renombre nacional sorprenden la buena fe de sus compradores que, a cambio de su confianza, reciben obras plagadas de vicios y errores, que llegan a convertir en un verdadero calvario el uso de las viviendas, colocándolos en un estado de indefensión jurídica.   Es el caso, por citar apenas un ejemplo, del cúmulo de irregularidades que se padece en la prestación del servicio de agua potable, por una serie evidente de componendas entre los desarrolladores, ávidos de ganancias fáciles y rápidas, con las autoridades municipales y, especialmente, con los responsables de llevar el vital líquido hasta los nuevos hogares.   Por principio de cuentas, averiguar tan sólo donde presentar una queja es el cuento de nunca acabar. Y así, pese a que la ley establece claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno, los inconformes pierden su tiempo y el dinero que invierten en las gestiones pues, para decirlo en lenguaje coloquial, cada parte se echa la bolita.   La danza de pretextos parece infinita, concebida para provocar un desgaste en los clientes, que los lleve a aceptar como normal una situación a todas luces inaceptable, como el hecho de que un servicio deficiente de pipas (que debe ser otro muy lucrativo negocio) sustituya al servicio que debiera proporcionar una red eficiente de suministro si los actores de esta historia actuaran correctamente, de acuerdo a lo que la ley y los reglamentos respectivos establecen.    Por supuesto que también cabe preguntarse dónde están y qué hacen las instancias creadas para defender los intereses de los compradores, comenzando por los notarios públicos y abarcando a la Profeco, el Infonavit, el Fovissste, la Conagua, entre otras, que, lejos de cumplir su función, figuran solamente como elefantes blancos en este grave problema.   Lo que resulta asombroso es que quienes participan, por acción u omisión, en estos abusos, no tienen conciencia de que al vulnerar los derechos de los clientes atentan contra una actividad que debería ser ejemplo de progreso social y económico.   La buena noticia para los compradores de vivienda es que tienen la posibilidad de solicitar una asesoría jurídica profesional para prevenir o, en su caso, resolver este tipo de situaciones, pues es evidente que los desarrolladores abusivos y las autoridades omisas o corruptas confían en que la pasividad de quienes son objeto de su pacto ilegal les permitirá recibir ganancias indebidas sin el riesgo de las sanciones y castigos que la ley contempla.   El ejercicio a tiempo de los derechos que a todos nos asisten es un requisito indispensable para tener una sociedad regida por la ley y no por la arbitrariedad. No permitamos la impunidad.
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