Los caminos sinuosos de la aplicación de la ley y la justicia

Fecha: 10/08/2018
Escrito por: Lic. Angélica Sesín y Álvarez

La abogada Angélica Sesín y Álvarez escribe que el camino hacia la correcta impartición de la justicia no avanza a menudo en línea recta. Múltiples obstáculos se interponen. Y la solución no es tan simple como parece en los discursos y políticas oficiales.

 

Los caminos sinuosos de la aplicación de la ley y la justicia

 

Uno de los enormes pendientes en nuestro país y en concreto en nuestro estado, Puebla, es la crisis de credibilidad derivada de la deficiente aplicación de la ley y de la justicia que nos coloca en un interminable círculo vicioso en detrimento de la confianza ciudadana.

 

Es por ello que pese a los cambios observados en los esquemas de procuración de justicia, modificando desde el nombre y dotando de autonomía a la “nueva” Fiscalía General del Estado de Puebla, por citar el ejemplo más cercano, no se registra un incremento en lo único que puede hacer una diferencia real: resultados y el abatimiento correspondiente de los índices alarmantes de impunidad.

 

Porque para nadie es un secreto que el bajísimo porcentaje de casos de éxito en esta materia es, además de la pésima imagen que nos acarrea a nivel internacional, un aliciente para que los delitos y faltas a la ley se cometan día tras día, dado la reducida posibilidad de recibir la sanción debida. Tener una efectividad inferior al cinco por ciento es el caldo de cultivo ideal para la perpetuación del delito.

 

En mi experiencia como penalista he tenido la oportunidad de atestiguar esfuerzos institucionales y personales orientados en el discurso a lograr una verdadera transformación que, sin embargo, se estrellan una y otra vez contra el muro de las inercias y los vicios que han invadido tanto a las anteriormente llamadas procuradurías como a la tarea de impartición de justicia que dependen del poder judicial.

 

Ese sistema al que nos referimos, ha dejado de lado los principios y reglas en perjuicio de los intereses de la sociedad, olvidando la obligación ética de alcanzar la armonía en el derecho, que no es otra cosa, que entrelazar el derecho penal, el derecho procesal y los derechos fundamentales, con el noble propósito de conseguir la equidad en sus resoluciones, sin violentar ningún precepto.

 

En teoría, la justicia que debería de ajustarse a la verdad, dando a cada quien lo que le corresponde ajustado a derecho, en la realidad de los ministerios públicos y los juzgados se transforma en su opuesto, y no porque lo dicho a la letra no sea claro, sino porque se anteponen intereses de toda índole, personales, económicos, políticos, religiosos y sociales.

 

Y es que si bien es cierto que la justicia, la legalidad y la ley van entrelazadas, partiendo de que la ley establece las directrices que debemos seguir al vivir en una colectividad, la legalidad nos dice que esa ley que se dictó esta correcta, mientras que la justicia depende de su aplicación de manera exacta, es importante saber cómo opera la legalidad en una cuestión práctica, porque la legalidad siempre estará en la ley, pero la ley no siempre tiene legalidad.

 

Lo anterior se plantea por las evidentes carencias que tiene la Fiscalía de Puebla en el manejo y la aplicación de esa tríada que menciono, ya que en el modelo anterior (como Procuraduría) funcionaba como un triángulo, es decir, con una persona al mando y cinco o seis personas de apoyo, que ahora se intenta hacer funcionar al revés, con muchas personas dando instrucciones y muy pocas realizando el trabajo que la organización requiere.

 

En conclusión, no todos los cambios son virtuosos. Con frecuencia se cambia para peor.

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